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El avance de una causa que investiga ilícitos entorno a la subasta de los siete aviones de Pluna y de otra que indaga sobre un episodio de violencia contra adolescentes infractores en un centro de detención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), se retrasó y ambas continuarán cuando se retome la actividad judicial en febrero, luego de la feria judicial mayor, informaron fuentes vinculadas a los casos a El Observador.
En el primer caso, la Justicia interrogó –por medio de un juez en España– a Antonio Álvarez Hernández, dueño de la empresa Cosmo que ofertó por los siete aviones de Pluna en la subasta. Álvarez Hernández declaró en un juzgado español el 21 de octubre. Su respuesta, llegó a principios de diciembre al juzgado de la jueza Adriana De Los Santos, quien derivó el expediente al fiscal Juan Gómez.
El fiscal debe solicitar más prueba o el archivo del caso. Lo más probable –por lo que él manifestó públicamente luego de la última indagatoria al representante de la empresa Cosmo, Hernán Calvo, conocido como “el caballero de la derecha”– es que solicite nuevas citaciones. De hecho, seguramente cite a declarar nuevamente al empresario Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus y BQB Líneas Aéreas, por su participación en el negocio de los aviones.
Álvarez Hernández ratificó ante un juez español lo que manifestó en varias entrevistas con medios de prensa uruguayos: que había prestado el nombre de su empresa a Calvo y López Mena para la compra de los aviones a cambio de US$ 13,7 millones, pero que ni Calvo ni López Mena habían cumplido con su compromiso, sino que solo le pagaron, en forma de préstamo, 500 mil euros.
Con esta declaración en el expediente, la citación de López Mena resulta inminente. Inminente en términos judiciales: la citación deberá esperar a febrero.
A raíz del conflicto sindical en reclamo de una partida salarial impaga desde 2011, por un lado los funcionarios de la Fiscalía no trasladan los expedientes de las fiscalías a los juzgados, y por otro la Suprema Corte de Justicia resolvió que los plazos de los juicios no corren por lo que en los hechos la feria judicial que comenzaría el 24 de diciembre, se adelantó. En un comunicado de prensa, la Corte explicitó que la medida busca evitar “el transcurso de los plazos procesales”.
El conflicto judicial también alteró el avance del juicio civil que entabló el abogado Daniel Rocca contra su exempleador, López Mena. Rocca reclama más de US$ 2 millones haberes impagos y daño moral. López Mena respondió que no le debe nada, pero que, en caso de que el juez interprete que existe una deuda, “a lo sumo” debe pagarle US$ 70.000 por concepto de honorarios, informó Búsqueda el jueves.
La audiencia preliminar, que debía realizarse el 11 de diciembre se suspendió por el conflicto. La jueza civil Cristina Crespo citó a Rocca y López Mena para el 25 de febrero de 2015.
Cinco trabajadores indagados
Otra causa que quedó en suspenso hasta el próximo año debido al conflicto sindical es la que investiga un supuesto episodio de violencia por parte de trabajadores del Sirpa contra adolescentes infactores en el Centro de Ingreso Estudio Diagnóstico y Derivación. La denuncia penal fue presentada el 8 de octubre por la dirección del Sirpa.
La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó en un informe difundido la semana pasada que “según los adolescentes entrevistados, habría algunos funcionarios que aplican violencia física” en ese centro. El caso avanzará el próximo año.
