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Danilo Astori, aseguró este jueves que el gobierno tiene «fundamentos» para gastar 1 millón de dólares en la compra de un avión presidencial.
El titular de Economía aseguró a distintos medios de la prensa que cuando el gobierno tiene «fundamentos» para seguir adelante con el gasto previsto, puede hacerlo.
La Fiscalía de Gobierno de primer turno habilitó la compra de una aeronave para utilizar como «avión presidencial» por parte de la Presidencia; informó El Espectador.
Avión presidencial
El presidente Tabaré Vázquez aprobó la adquisición de una aeronave para uso presidencial y multipropósito por 1.010 millones de dólares, luego de una licitación pública que culminó con la única oferta de la empresa Floridian S.A.
En marzo de 2015 Floridian S.A., del empresario uruguayo Carlos Bustin, comenzó las negociaciones con el Gobierno de Vázquez para la compra directa de este avión multipropósito de tamaño mediano.
En ese momento, por PRIMERA VEZ el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) planteó objeciones, por lo que se decidió hacerlo por la vía de licitación.
Dicho proceso estuvo a cargo de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y registró como único oferente a Floridian S.A.
A principios de diciembre de 2016, el TCR objetó por SEGUNDA VEZ la compra de esta aeronave por considerar que hubo fallas en el proceso licitatorio que hubiesen facilitado la adjudicación a la misma empresa, según informó en su momento el semanario Búsqueda.
Sin embargo, el proceso culminó y el 29 de diciembre de 2016 Vázquez y el ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Jorge Menéndez, firmaron una resolución que establece la compra de la aeronave Hawker HS 125-700 A, algo que no trascendió hasta hoy en los medios locales.
La decisión del Ejecutivo de Vázquez se basó en un dictamen de la Fiscalía de Gobierno, que el 14 de diciembre de 2016 contradijo al fallo del TCR.
En concreto, la Fiscalía consideró que «no ha existido, ni en forma real ni en forma potencial, un apartamiento de las normas sobre contratación pública (…)».
Asimismo, el escrito estableció que no se vulneró el «principio de igualdad de los oferentes y de concurrencia», algo que también había sido objetado por el tribunal, según se informa a través de El Espectador.
