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Procurando colaborar en la implementación de medidas contra la inseguridad, el Grupo Puerto Sauce Unido (GPSU), de Juan Lacaze, los Centros Comerciales de Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Rosario, Juan Lacaze, Tarariras (en formación) y la Asociación Comercial e Industrial de Colonia del Sacramento (ACIC) acordaron agotar lo que entienden la última vía diplomática posible antes de impulsar medidas de movilización como cierres parciales en horarios comerciales, marchas ciudadanas u otras.
Con ese objetivo, y de acuerdo a lo anunciado, representantes de los mencionados grupo e instituciones se reunieron en el Club CYSSA, instancia en la cual, ante la falta de respuesta de parte de las Fiscalías Departamentales de Rosario -que nunca respondió los pedidos de audiencia cursados por el GPSU ni por los Centros Comerciales- y de Colonia del Sacramento -cuyo titular hizo lo propio, aunque los fiscales ayudantes sí se reunieron con interesados a los que responde su jurisdicción- acordaron solicitar una entrevista al Fiscal Adjunto de Corte, Dr. Ariel Cancela.
Se procura con ello, según se explicó, transmitirle detalladamente la situación que están atravesando las localidades del eje Ruta 1.
Una vez concedida la entrevista y puesto en antecedentes el fiscal adjunto, se evaluará la respuesta de la Fiscalía, que de no dar respuesta a la situación en breve plazo, habilitará la posibilidad de adoptar medidas más contundentes.
Los participantes de la reunión coincidieron en señalar que el problema de inseguridad tiene raíces en los tres poderes del estado: en el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, debido a la abrupta caída de efectivos en todo el departamento en los últimos años, que se redujo casi a la mitad; en el Legislativo, que tiene en carpeta sin considerar numerosos proyectos de ley para modificar normativa vetusta y aprobar otras iniciativas nuevas; y en el Poder Judicial, principalmente en lo que responde a la actuación de los fiscales, que mantienen diferentes criterios a la hora de establecer penas y personas con profusos antecedentes delictivos son puestas en libertad.
A este respecto, cabe recordar que de conformidad a la Ley Nº 19.334, que la creó, la Fiscalía General de la Nación es la encargada de “diseñar y ejecutar una política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas, e infracciones cometidas por adolescentes, ejerciendo la acción que legalmente proceda”, como así también de “promover y ejercer la acción civil en los casos expresamente previstos por la ley y actuar en representación de la sociedad en los asuntos de intereses difusos”.
La audiencia con el Dr. Cancela ya ha sido solicitada, y se espera la respuesta en breve concediendo la entrevista.
Independientemente de esta acción, y a efectos de continuar acreditando la intranquilidad y el desasosiego de la sociedad coloniense ante estos hechos, el GPSU continúa coordinando acciones conjuntas y de impacto social con demás comisiones e instituciones locales que se han visto perturbadas por el azote de la inseguridad.
