Profesionales consideran que el decreto «contradice» a la propia ley y «pretende atropellar la libertad de conciencia del personal de salud, impidiéndole actuar de acuerdo a sus convicciones científicas, éticas y filosóficas, al restringir su derecho a la objeción de conciencia, que la propia ley (18.987) y la Constitución reconocen».
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