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ELLOS TRANQUILOS, TODOS, PAGA «JUAN PUEBLO».
El Estado uruguayo afronta una condena millonaria por el cierre de Pluna.
Se deberá pagar una cifra millonaria a la empresa panameña Larah.
El Estado uruguayo deberá pagar una condena millonaria por Pluna.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial falló en contra del Estado uruguayo en el caso Pluna y lo responsabilizó por el quiebre de la aerolínea de bandera, condenándolo a pagar un resarcimiento de entre 30 y 80 millones de dólares.
El Ciadi resolvió un arbitraje iniciado tras el reclamo de la empresa panameña Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah), que tenía acciones en Pluna y fue crítico en su resolución con el entonces gobierno de José Mujica, en el poder cuando la aerolínea cerró, informaron medios locales.
El recorrido del caso Pluna en el organismo de arbitraje del Banco Mundial, ubicado en Nuevo York, comenzó hace casi cinco años, en mayo de 2019.
El Ciadi llegó al monto de entre 30 y 80 millones de dólares de resarcimiento -dependiendo la fuente- en base a los intereses desde que Pluna cerró, en 2012. E impone una mora de 500.000 dólares al Estado uruguayo por cada mes que no pague la condena.
Larah aseguró que el gobierno de Mujica violó el convenio de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Uruguay y Panamá al expropiar Pluna sin pagar una compensación económica. Pedía, en la demanda, unos 800 millones de dólares.
No obstante, el estudio Foley Hoag – que ya representó a Uruguay en las demandas de la tabacalera Philip Morris y la minera Aratirí, logró que la cifra del fallo del Ciadi fuera mucho menor.
El dictamen asegura que el gobierno de José Mujica vulneró los derechos de la compañía Larah y violó sus obligaciones internacionales mediante un “trato injusto, no equitativo y expropiatorio” con su conducta respecto de Pluna, informó El País.
El Ciadi consideró que el gobierno frenteamplista asfixió económicamente a la compañía aérea para evitar hacerse cargo de juicios millonarios por la quiebra de Varig, en Brasil, que gestionó Pluna entre 1995 y el 2000, pese a que el Estado uruguayo había dicho que sería responsable.
