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La bituminización de un tramo de la Ruta 106, solicitada por los vecinos de Colonia Miguelete, fue uno de los temas considerados por la Junta Departamental de Colonia en su última Sesión Extraordinaria.
Al respecto, el edil departamental Gabriel Gabbiani (Partido Colorado – CRECE – Ciudadanos) recordó cómo se dio la situación y explicó por qué se votó de la manera en que se hizo, al tiempo que abogó por atender el reclamo de los vecinos de la localidad.
El Decreto 141/1994 desafectó de la jurisdicción nacional (MTOP) la Ruta 106 en dos tramos: desde la Ruta 22 hasta Miguelete, y desde esta localidad hasta la Ruta 12. A partir del nuevo Sistema de Codificación para Caminería Rural, establecido por el MTOP y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en 2019, la Ruta pasó a jurisdicción departamental desglosándose en tres tramos.
“El tramo entre aquella localidad y la Ruta 12 fue asfaltado por primera vez entre 2006 y 2007 en coordinación con el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) de la OPP creado en la Reforma Constitucional de 1996 (Artículo 298), y si bien luego se hicieron tareas de mantenimiento, se requería una rehabilitación del mismo”, recordó Gabbiani.
En julio de 2021 la Comisión Sectorial de Descentralización aprobó el estabilizado y reasfaltado del tramo, así como la señalización horizontal y vertical. “Se hizo un llamado a Licitación y en diciembre de ese año, en la Intendencia, se abrieron las ofertas. Se presentaron 12 empresas, adjudicándose la obra por un costo de casi $ 30 millones”, dijo Gabbiani.
“Las tareas dieron inicio a fines de agosto de 2022, pero quedó sin pavimentar el tramo entre Miguelete y la Ruta 22, pasando por el Paraje El Cuadro, que no había sido licitado”, indicó.
El tramo sin hacer
Por ello, “al amparo del mecanismo de la iniciativa local contemplado en la Ley Nº 19.272, vecinos de Miguelete juntaron firmas solicitando al Municipio la bituminización de la Ruta 106, entre la Ruta 22 y su localidad. El Municipio presentó las mismas a la Junta Departamental y ésta, por sugerencia de la Comisión de Legislación y Régimen, y de acuerdo a la normativa vigente, las remitió a la Corte Electoral para que validara las firmas y analizara la validez jurídica de la iniciativa”, explicó.
“La Corte informó que Miguelete contaba con 1.387 ciudadanos habilitados, por lo cual se necesitaban 208 firmas para alcanzar el 15% solicitado por la ley, y se habían presentado 343. Cuando la confirmación llegó a 220 el conteo se detuvo y las firmas se validaron. Pero no se expidió sobre la validez jurídica, por lo que a instancias de la Comisión de Legislación la Junta lo remitió nuevamente a la Corte Electoral, que indicó que no era su cometido expedirse sobre la legitimidad legal y lo devolvió”, continuó Gabbiani.
Un análisis pormenorizado de la Comisión de Legislación fue suficiente para que la Junta rechazara la iniciativa, por cuanto quedó claro que el plebiscito es un mecanismo legislativo y no ejecutivo.
A pesar del no, hubo respaldo a la obra
“El instrumento del plebiscito refiere a aspectos legislativos, no ejecutivos. Si se le diera ingreso a cada plebiscito que presentaran los vecinos, se estaría constriñendo al Ejecutivo (Intendencias y Municipios) a realizar tal o cual obra. Supongamos que los vecinos quieren construir una terminal de omnibuses. Con la presentación de las firmas estarían obligando al Ejecutivo a ejecutar esas obras, cuando éstas deben ser presupuestadas al comienzo de la administración, en el Presupuesto Quinquenal, en este caso 2020-2025, o eventualmente en las rendiciones de Cuentas y Ejecuciones Presupuestales introduciendo modificaciones”, explicó.
“Esta obra no estaba presupuestada, y por tanto no había recursos para su construcción. No obstante, entendimos que este es un reclamo justo de los ciudadanos y una reivindicación para una importante zona rural del departamento que debe ser atendida”, dijo Gabbiani.
“Como resultado del desarrollo del sector agropecuario hay un mayor desgate de las rutas nacionales departamentales y caminos rurales, que no estaban preparados para la demanda actual. A los factores económicos se sumaron fenómenos climáticos extremos, mucho más recurrentes que en el pasado, entre ellos las lluvias que han incrementado su frecuencia y magnitud, impactando en la conservación de pavimentos”, explicó el edil colorado.
“La administración debe responder a estos factores de presión sobre la vialidad departamental y rural, ocupándose de la preservación y las buenas condiciones de circulación de los mismos, por lo cual los ediles solicitamos a la Intendencia que se concrete la obra solicitada”, concluyó Gabbiani.
